Colombia, ¿tierra de igualdad y de oportunidades?
El referendo reeleccionista que intenta conceder la posibilidad de una tercera presidencia a Álvaro Uribe Vélez en Colombia ha encontrado numerosos obstáculos para ser aprobado. Uno de ellos es que la recaudación de firmas que dio origen a la iniciativa superó ampliamente los topes de financiamiento permitidos por la ley para este tipo de consultas populares. En efecto, el monto gastado en la campaña del referendo fue seis veces superior al monto autorizado. Gran parte de estos fondos fueron el fruto de aportes individuales, que alcanzaron a ser hasta 30 veces mayores al valor permitido. Por cierto, y sólo sea dicho de paso, el 60% de estos contribuyentes “desinteresados” son contratistas del Estado.
¿Significa esto acaso que hay grandes empresarios interesados en perpetuar al presidente en el poder? ¿Es posible que “el referendo no haya sido resultado de la libre expresión de la voluntad del pueblo, sino de grupos que con intereses particulares se toman esa voluntad popular”¹?
La hipótesis no es del todo descabellada. Después de todo, Álvaro Uribe es un hombre serio, responsable. En Colombia, Dios nos libre, no nos ha tocado un Chávez o un Evo, esos presidentes que juegan a destruir las economías de sus países. No, nosotros tenemos un presidente decente, de derecha, y estamos muy orgullosos de eso. Prueba de eso es que estamos luchando por su reelección. Aquí figuran unas de las razones por las cuales nuestros grandes empresarios e inversionistas están tan interesados en ayudar al pueblo colombiano a disfrutar de un tercer periodo. Y aparentemente no son tan inocentes.
Empecemos con algo bueno, algo como los subsidios. En teoría, el estado le da subsidios a sectores frágiles de la economía, a personas con dificultades. El gobierno colombiano decidió otorgar un subsidio a los agricultores del país para permitirles soportar las dificultades generadas por la competencia internacional. El programa Agro Ingreso Seguro fue definido como “la más completa herramienta para apoyar a los productores del campo colombiano” (Pagina web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural). La realidad fue la siguiente: los pequeños y medianos agricultores recibieron subsidios insignificantes cuyo valor oscilaba a veces entre setecientos y cien mil pesos (es decir, ¡20 céntimos y entre 35 euros!). En cambio, grandes terratenientes y familias millonarias con influencia política recibieron subsidios de hasta 2000 millones de pesos (700 000 euros) por cuenta de actividades de “riego y drenaje”, entre otras. El escándalo no se hizo esperar, pero al fin y al cabo, el presupuesto del Estado fue a parar a manos de los privilegiados del campo².
Ahora bien, es preciso hablar de algo menos puntual. Quién quita, tal vez todo el fraude de Agro Ingreso Seguro fue el resultado de errores o corrupción de trabajadores en el Ministerio de Agricultura, y en nada involucraban al presidente. En Colombia, los mandos medios tienen mala fama, debe ser por algo.
El Presidente Uribe ha defendido tres pilares que constituyen su gobierno: la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. La confianza inversionista es, según Uribe, la razón por la que Colombia ha podido gozar de un crecimiento económico más o menos estable tomando en cuenta la situación de crisis mundial. Se trata de una política fiscal en la cual todas las inversiones en activos fijos (bienes cuya duración supere un año) son deducibles de la renta gravable. Esto quiere decir que si una empresa privada invierte en maquinaria o locales, por ejemplo, el valor de estas inversiones será descontado del cálculo de la renta gravable con base en la cual se liquida el impuesto. Hoy en día, los empresarios están prácticamente exentos de impuestos. Sin embargo, la receta parece estar fallando últimamente, pues para el 2010 se prevé un crecimiento cercano al 0%. Y ni hablar del desempleo que afecta al 10% de la población. Tal parece que la idea de no hacer pagar impuestos a los ricos no es la solución a todos nuestros problemas.
Por otro lado, puesto que el sistema de salud público, parte de cuyos prestatarios son empresas privadas (IPS) y cuya cobertura también está en parte en manos privadas (EPS) está “en quiebra”, el gobierno de Uribe ha propuesto los llamados Decretos de Emergencia Social. Las comillas para quiebra resultan de lo siguiente: las empresas privadas que venden coberturas en salud han tenido que asumir el fondeo de los pacientes víctimas de enfermedades de alto costo. Pero como lo hacen por cuenta de orden judicial, exigen después que el estado les devuelva ese dinero. De ahí el agotamiento de los recursos estatales. La solución descubierta por el gobierno de Uribe consiste entonces en una serie de medidas que reglamentan el acceso a la salud de los colombianos. A partir de ahora, las personas que presenten enfermedades de alto costo deberán costearse su tratamiento con sus ahorros, sus fondos de pensiones y sus cesantías. De la manera más abrupta, se pretende invertir la lógica del aseguramiento puesto que los asegurados son los que tienen que pagar en caso de que se enfermen. Como dicen por ahí, la salud es un derecho, no un favor. Mientras tanto, las grandes empresas intermediarias de salud mencionadas al principio, responsables en gran parte del problema, continúan creciendo de manera impresionante y muchas de ellas se sitúan entre las empresas más grandes del país. Pero eso no importa, porque el pueblo es el que tiene que pagar por el déficit, no las personas que hacen negocio a costa de la salud.
Tal vez ahora parezca más clara la intención de todos esos contribuyentes de la campaña que mencioné al principio. ¿Cómo no querer prolongar un gobierno en donde no se pagan impuestos y sí se reciben subsidios millonarios?
¹ Revista Semana, Jaque al referendo.
² Revista Semana, Agro Ingreso para pobre.
